Por mis cojones, noticias con humor

El Gobierno de Pedro Sánchez lanza una ley que promete poner patas arriba a los medios de comunicación. A partir de 2025, sabremos más sobre los dueños de los medios que sobre las noticias del día. Spoiler: los periodistas no están muy contentos.

En un giro más propio de un reality show que de la política española, el Gobierno está preparando una normativa que obliga a los medios de comunicación a desvelar quién los financia y, de paso, quién mueve los hilos detrás de las cámaras y los titulares. Pedro Sánchez ha puesto la maquinaria en marcha para cumplir con el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, aprobado en mayo, y que tiene a las redacciones sudando tinta. Porque, seamos sinceros, si creías que el drama estaba en las noticias, espera a que se empiece a destapar quién financia a quién.

¿Quién está detrás de esa noticia?

Si eres de los que cree que los periodistas son entes imparciales que operan en un vacío de pureza informativa, esta nueva ley va a destruirte ese mito. La norma que se avecina en España, y que deberá entrar en vigor antes de agosto de 2025, obliga a los medios a sacar a la luz quiénes son sus verdaderos dueños y cuánto dinero reciben en publicidad pública, ya sea nacional o extranjera. Es decir, si detrás de tu programa de televisión favorito está el primo segundo del presidente o si ese editorial tan comprometido lo patrocina un país lejano, pronto lo sabrás.

Pero espera, que esto no se queda ahí. La normativa va a obligar también a desvelar si alguna autoridad pública tiene participación en el medio, directa o indirectamente. Así que si pensabas que los noticieros públicos como RTVE eran solo guardianes de la información veraz e imparcial, ¡zasca!, pronto tendremos que ver también los hilos políticos que los manejan.

Los medios públicos: independencia… pero con supervisión

En cuanto a los medios de comunicación públicos, la ley será especialmente cuidadosa. Aquí no habrá más nombramientos a dedo de los directivos. Todo tiene que hacerse con “criterios objetivos y transparentes”, algo que suena tan utópico como tener un tren de alta velocidad puntual en Huelva. Según la normativa, los medios públicos deberán ser financiados de tal forma que se garantice su independencia editorial, pero también tendrán que rendir cuentas sobre cómo se seleccionan sus jefes. Así que si pensabas que estar en RTVE era como estar en una oficina con aire acondicionado todo el día, ahora sabremos quién mandó instalar ese aire y por qué.

Las redacciones a prueba de espías… o no

Uno de los puntos más jugosos de la ley es el que protege las fuentes periodísticas. El Gobierno promete que ningún periodista será obligado a revelar quién le pasa la información confidencial, ni siquiera bajo tortura (o reuniones interminables con el jefe). Además, las comunicaciones de los periodistas estarán blindadas de cualquier intento de espionaje… salvo en casos de “interés general”.

Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque ¿qué pasa cuando el “interés general” es lo suficientemente amplio como para que alguien decida que es más importante saber lo que un periodista está investigando que proteger sus fuentes? Según la ley, se podrán justificar vigilancias o instalar programas espías en los dispositivos de los periodistas si se está investigando terrorismo, secuestro, corrupción, blanqueo de capitales o alguna estafa digna de un buen thriller de Netflix. Eso sí, todo esto deberá estar controlado por un juez, así que tranquilidad, que no será como el Gran Hermano 24/7… o eso dicen.

Plataformas digitales bajo el microscopio

Otro gran objetivo de la normativa es poner en cintura a las grandes plataformas digitales como Google o Facebook. Estas empresas tendrán que explicar por qué, de repente, una noticia desaparece de sus resultados o por qué un medio queda relegado al último rincón del Internet. Y aquí se espera una solución rápida y amigable. Vamos, como cuando tu compañía de teléfono te dice que va a resolver tu queja “en menos de 24 horas”.

Lo interesante es que, con esta medida, se busca que los medios de comunicación no sean aplastados por los gigantes digitales. Si una plataforma decide vetar a un medio, tendrá que rendir cuentas, porque ya sabemos que en la era digital, si no estás en Google, no existes. Y los medios no están dispuestos a desaparecer del mapa sin dar pelea.

Fusiones y alianzas: ¿pluralismo o monopolio?

El capítulo de las fusiones entre medios también promete dar de qué hablar. El Estado se encargará de vigilar que las concentraciones mediáticas no terminen convirtiéndose en monopolios que asfixien la pluralidad informativa. Así que, si dos medios deciden fusionarse para sobrevivir en este complicado mundo digital, tendrán que demostrar que su unión no va a convertir al panorama mediático en un menú de una sola opción.

Se analizará cómo afectan estas fusiones a la formación de la opinión pública y si la diversidad de la prensa está en riesgo. La CNMC será quien vigile que las fusiones no se conviertan en un peligro para la libertad informativa. Al final del día, lo que no quiere Europa es que acabemos teniendo un solo medio de comunicación controlado por un magnate estilo “El Señor de los Medios”. ¡Cuánta tensión!

Personalización en los dispositivos: que la tele no decida por ti

Y como colofón final, la normativa se mete hasta en nuestros propios dispositivos. Los fabricantes de ordenadores, televisores, móviles y cualquier aparato electrónico con conexión a internet deberán garantizar que el usuario pueda personalizar qué medios sigue. Es decir, si quieres que tu Smart TV solo te muestre noticias de ese pequeño blog que sigues desde 2004 y que nadie más conoce, ahora podrás hacerlo sin que los algoritmos te mareen con cosas que no te interesan. Una victoria para los fans de la hiperpersonalización digital.

Reflexión final: ¿transparencia o reality show mediático?

La nueva ley de medios promete ser un terremoto en el panorama informativo. Mientras algunos celebran la transparencia y la lucha por la pluralidad, otros temen que esto pueda acabar en un circo donde los medios se vean más ocupados en desvelar sus secretos internos que en hacer periodismo. La pregunta del millón es: ¿quién saldrá ganando? ¿Serán los ciudadanos, que tendrán más información sobre la prensa que consumen, o los políticos, que se verán tentados a seguir metiendo la mano donde no deben?

Y tú, ¿estás listo para saber quién financia tu periódico favorito? ¿O prefieres que los secretos de redacción se queden donde están? ¡Cuéntanos tu opinión!